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Homeland Security

Declaraciones de la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano sobre la verificación del cumplimiento de las leyes de inmigración por DHS

5 de octubre, 2011

Washington, D.C.
American University
(Versión Preparada)

Pulse aquí (PDF) para leer una hoja informativa sobre Seguridad fronteriza y control de inmigración sensatos y eficaces

Gracias y buenos días. La última vez que estuve en American University tuve el honor de pronunciar el discurso de graduación ante la promoción del 2010.

Quiero darles las gracias por volver a recibirme hoy en el campus para hablar sobre la verificación de las leyes de inmigración y seguridad fronteriza de nuestro país.

Estados Unidos es un país de inmigrantes y un estado de derecho.

Nuestra fundación misma tiene sus raíces en la inmigración. Y en toda ocasión grandiosa y trascendental de la historia que nos enorgullece, el inmigrante, y la experiencia del inmigrante, han contribuido a la riqueza de nuestra cultura, la fortaleza de nuestro carácter moral y el avance de nuestra sociedad.

Al mismo tiempo, la reacción a nuevas olas de inmigración, recientes o en el pasado, ha dado lugar a ocasiones en nuestra historia de las cuales estamos mucho menos orgullosos.

Hace poco más de un siglo, eran comunes los letreros que decían: “Empleo disponible: No para irlandeses”. Se conocían como “NINA”, siglas de “No Irish Need Apply”.

Alemanes, polacos, italianos, judíos, chinos, japoneses, mexicanos y otros inmigrantes han enfrentado discriminación similar en diversos momentos de nuestra historia.

Y cuando las cosas se ponían difíciles, era muy fácil, como dijo el ex Presidente Clinton, “simplemente echarle la culpa al inmigrante”.

Hemos aprendido de nuestro pasado y hoy en día, somos mejores como nación. Pero las lecciones que nos ofrece nuestra propia historia deben ser un recordatorio constante y una guía sobre cómo enfrentar estos y otros asuntos difíciles.

Hace casi tres años, cuando el Presidente Obama asumió el mando y me nombró a este cargo, tanto él como yo sabíamos que estábamos heredando un sistema de inmigración aquejado de problemas un sistema incongruente de leyes y requisitos anticuados que necesitaban ser actualizados urgentemente.

Dijo dos cosas en ese momento y ha mantenido esa posición desde entonces: En primer lugar, al tomar posesión, juró hacer respetar las leyes de Estados Unidos de Norteamérica, y lo haremos al velar por su cumplimiento de la manera más sensata, imparcial y eficiente posible.

En segundo lugar, sabemos que es necesario actualizar el sistema de inmigración y, en aquel entonces nos comprometimos y hoy en día seguimos comprometidos a procurar reformas que tengan sentido y sean significativas.

Pero el Congreso no ha hecho nada al respecto, y los estados continúan aprobando una variedad de leyes propias en un intento por llenar el vacío.

Es la posición de este gobierno que el Congreso debe considerar la reforma de la inmigración de una vez por todas. Hemos presentado nuestras ideas y estamos listos a actuar rápida y conjuntamente para respaldar la aprobación de reformas que tienen sentido.

Mientras hacemos todo lo que podemos por alentar al Congreso a tomar acción, hemos emprendido un esfuerzo histórico por resguardar la frontera y velar por el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración de manera sistemática, sensata y eficaz, que maximice los recursos que el Congreso nos ha otorgado para realizar esta labor.

La estrategia de este gobierno a la aplicación de las leyes de inmigración ha sido abordada extensamente por aquellos a quienes les gusta debatir el tema.

No es de sorprender que nuestra política se haya descrito simultáneamente como parte de un esfuerzo malvado por deportar ciegamente a un número récord de inmigrantes ilegales del país y por otro lado, como una amnistía generalizada que hace caso omiso de nuestra responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración del país.

Estas reacciones incongruentes dejan dos cosas en claro: En primer lugar, no es posible que dos cosas opuestas sean ciertas simultáneamente y, En segundo lugar, es hora de mostrar la realidad de los esfuerzos por velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración.

Sabemos que en medio de toda la retórica en torno al asunto de la inmigración ilegal, a menudo es difícil estar al tanto de los hechos. O sea que comencemos aquí con los hechos.

Como tanto el Presidente como yo dijimos en El Paso este año –y como los alcaldes, jefes de policía, líderes comunitarios y, como han reiterado recientemente una serie de publicaciones, entre ellas USA Today, el Washington Post y el Wall Street Journal– la seguridad a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México se encuentra en su punto más alto y, de hecho, quienes viven y trabajan a lo largo de ella continúan diciendo que es segura y lista para el comercio.

Y ya que crecí en Nuevo México y pasé la mayor parte de mi vida adulta en Arizona, y he recorrido la frontera a pie y a caballo, la he sobrevolado y he trabajado en comunidades fronterizas desde Brownsville hasta San Diego, puedo decir que las medidas para la seguridad fronteriza que hemos tomado constituyen la estrategia más innovadora y eficaz que nuestro país ha puesto en práctica hasta ahora.

Entonces, usar la afirmación que no se está resguardando la frontera como motivo para bloquear la reforma de inmigración no es razonable.

Continuamos respondiendo al llamado, y durante los últimos dos años y medio, hemos visto una disminución considerable en la inmigración ilegal y un aumento drástico en decomisos.

Y la verdad que me he cansado de oír que se minimicen los enormes esfuerzos de los hombres y mujeres que trabajan a lo largo de la frontera. Llevan el uniforme de agentes de la ley de Estados Unidos y están sumamente comprometidos con su misión y su país.

Continúan alcanzado resultados récord. A veces —como todas las agencias de la ley— incluso pierden la vida.

Lo menos que podemos hacer por ellos es evaluar sinceramente su arduo trabajo, y esta evaluación es que, gracias a ellos, la frontera es más segura ahora que en varias décadas.

Hemos asignado recursos sin precedente a este esfuerzo y, ese año, volveremos a ver una vez más una reducción histórica de cruces ilegales, y más y más decomiso de contrabando. Por lo tanto, el mito de que “la frontera está fuera de control” queda descartado.

Al mismo tiempo, hemos enfocado mejor los esfuerzos por velar por las leyes de inmigración en este país.

En pocas palabras, hemos trabajado y continuamos trabajando para asegurarnos de que los limitados recursos que se nos han dado se apliquen de manera que mejore la seguridad pública y fronteriza, como también la integridad del sistema de inmigración, a la vez que se respeta el imperio de la ley.

Como parte de ese proceso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Custom Enforcement o ICE) ha adoptado nuevas medidas, entre ellas un nuevo proceso que asegura que quienes velan por el cumplimiento de las leyes de inmigración hagan debido uso de las facultades discrecionales con las que ya cuentan para decidir a qué tipos de personas les damos prioridad en las deportaciones del país.

Nunca ha habido ni habrá en este momento de dificultades fiscales suficientes recursos para deportar a todos aquellos que están en el país ilegalmente. Por eso es tan importante fijar prioridades claras.

Sin embargo, las prioridades que hemos establecido no significan que dejaremos de velar por el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración.

Tenemos la obligación por hacer valer dichas leyes. Y en los últimos dos años, hemos alcanzado un nivel récord de aplicación, incluso a la vez que reorientamos nuestros esfuerzos para que estén conformes a nuestras prioridades.

Tengo previsto que este año las deportaciones vuelvan a alcanzar un nivel histórico. Cuando anunciemos las cifras de fin de año sobre deportaciones, indudablemente habrá quienes digan que el Departamento de Seguridad Nacional y, de manera más general, el poder ejecutivo están cumpliendo con su labor con un exceso de eficiencia.

Lo que esos críticos no tendrán en cuenta es que aunque el número de personas deportadas superará el de años previos, la composición de dicha cifra habrá cambiado fundamentalmente.

La conformarán, más que nunca antes, criminales sentenciados, personas que cruzaron la frontera recientemente, personas que trasgreden descaradamente las leyes de inmigración y fugitivos de las autoridades de inmigración.

Hay aproximadamente diez millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Todas estas personas están en el país ilegalmente, pero sus casos difieren drásticamente.

Algunos vinieron aquí de niños. Han pasado casi toda su vida en Estados Unidos y han llegado a graduarse de la universidad o servir en las Fuerzas Armadas.

Otros cruzaron nuestras fronteras ilegalmente con el fin de cometer crímenes contra nuestros ciudadanos.

Al inicio de nuestro mandato, las medidas para velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración permitían que se utilizara el mismo nivel de recursos, si no más, para seguirle la pista y deportar a un estudiante universitario que para capturar a criminales extranjeros y miembros de pandillas.

ICE realizaba enormes redadas en centros de trabajo, y no era sistemático en las penas contra empleadores ni los operativos contra personas que representaban una amenaza para la seguridad pública.

Estas redadas no aumentaban la seguridad pública, y completarlas a veces requería cientos de agentes y miles de horas. Como resultado, mientras los agentes estaban ocupados con estas redadas de alto perfil, los criminales extranjeros podían deambular por las calles libremente. Esto no tenía sentido.

También se ordenaba a los agentes que realizaran operativos de inspección, a pesar de que desviaban recursos y no aumentaban la seguridad pública.

Tras acordonar un área que se sospechaba tenía una gran población de inmigrantes ilegales, estos operativos no llegaban a producir un número significativo de criminales o amenazas para la seguridad pública. Esto no tenía sentido.

Finalmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (US Citizenship and Immigration Services) inició el proceso de deportación de miles de personas que solicitaron la residencia por error, pues creían que al casarse con un ciudadano estadounidense tenían inmediatamente el derecho de permanecer en Estados Unidos.

Pocos de estos casos están relacionados con la seguridad pública. Sin embargo, la política de la agencia requería que los fiscales y agentes de inmigración de ICE dedicaran la misma cantidad de tiempo y recursos en estos casos que en los relacionados con criminales sentenciados. Esto tampoco tenía sentido.

Consecuentemente, uno de los primeros pasos que tomamos fue la implementación de medidas de sentido común que rigen la asignación de nuestros recursos para la aplicación de la ley.

Designamos como principal prioridad la identificación y deportación de personas que constituyen una amenaza para la seguridad pública y nacional.

Para poner esto en práctica, ampliamos el uso y frecuencia de investigaciones y programas, como Comunidades Seguras (Secure Communities), que les siguen la pista a criminales y miembros de pandillas en nuestras calles y cárceles.

Para impedir que más personas cruzaran la frontera sudoeste ilegalmente, también dimos órdenes al ICE de darle prioridad a la captura de quienes cruzaron la frontera recientemente y respaldar y complementar los operativos de la Patrulla Fronteriza.

En gran medida, los históricos resultados que hemos visto a lo largo de la frontera sudoeste se pueden atribuir a los esfuerzos conjuntos de los agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales y agentes de ICE, y el énfasis que le hemos dado a la deportación de quienes cruzaron la frontera recientemente.

En el ámbito laboral, eliminamos las redadas que no contribuían a aumentar la seguridad pública. En vez, nos centramos en programas específicos para velar por el cumplimiento de la ley en centros laborales como auditorías de I-9 y procesos penales de empleadores que trasgreden las leyes laborales flagrantemente.

Finalmente, designamos como prioridad la deportación de quienes trasgreden repetidamente nuestras leyes de inmigración y a los fugitivos de inmigración.

Se trata de personas que repetidamente regresan a nuestro país tras haber sido deportadas o quienes desatienden flagrantemente la orden de un tribunal de salir del país.

Estas prioridades simplemente tienen sentido. Aumentan la seguridad pública, ayudan a resguardar la frontera y promueven la integridad de nuestras leyes de inmigración.

Si bien es fácil establecer nuevas prioridades, deben implementarse de una manera eficaz.

Después de casi tres años de dirigir el sistema de verificación del cumplimiento de las leyes de inmigración, me enorgullece decir que hemos logrado verdaderos resultados que se ajustan a nuestras prioridades.

En el 2010, ICE deportó a más de 195,000 criminales convictos, más que nunca antes, y 81,000 más de los que fueron deportados en el año fiscal 2008.

Por primera vez en décadas, 50% de los extranjeros deportados por ICE fueron criminales sentenciados. En el 2011, ICE deportará nuevamente un número récord de criminales sentenciados de nuestro país.

Hemos logrado resultados similares respecto a establecer prioridades para la deportación de los llamados “no criminales”. Más de dos tercios de los deportados de esta categoría en el 2010 habían cruzado recientemente la frontera o eran trasgresores reincidentes.

El número de personas deportadas que definitivamente no estaban dentro de nuestras categorías principales se redujo de más de 19% en el 2008 a menos de 10% en el 2010. Estas tendencias también continuarán en el 2011.

Ahora permítanme un momento para mencionar un programa que nos ayudó a lograr estos resultados, Comunidades Seguras.

Comunidades Seguras es un programa que ayuda al ICE a identificar a quienes han sido arrestados por agentes de la ley a nivel local o estatal por cometer crímenes locales o estatales no relacionados con inmigración, y que también están en el país ilegalmente.

No asigna facultades adicionales a los agentes locales de la ley y solo identifica a los que han ingresado en las cárceles. Literalmente, en las cárceles.

Sé que ha habido mucho debate sobre Comunidades Seguras, y para serles totalmente franca, este programa empezó con el pie izquierdo. No explicamos claramente cómo funcionaba ni quién se requería que participara.

A pesar de sus errores iniciales, este programa ya ha ayudado a lograr mucho respecto a asegurar que usemos los recursos de nuestras agencias de la ley donde tengan el mayor impacto positivo.

También es altamente distorsionante el argumento que afirma que Comunidades Seguras es la razón por la que la agencia ha logrado batir récords en la verificación del cumplimiento de la ley.

El hecho es que las agencias de control de inmigración siempre se toparán con más extranjeros de los que pueden llevar ante la justicia en un año dado.

Comunidades Seguras no ha incrementado el número de personas deportadas, sino que ha contribuido a cambiar la composición, ayudando a ICE a aumentar considerablemente el número de criminales sentenciados y de trasgresores reincidentes de las leyes de inmigración.

A pesar de los comentarios engañosos sobre este programa, se ha comprobado que es la mejor herramienta para enfocar nuestros recursos de control de inmigración en criminales y trasgresores flagrantes de las leyes de inmigración.

Lo único que se lograría si se pone fin a este programa sería disminuir la cantidad de actividades de verificación del cumplimiento de la ley. Solo debilitaría la seguridad pública y haría que el sistema de control de inmigración retroceda al enfoque ad hoc en que los extranjeros no criminales tenían más probabilidad de que los deportaran que los criminales.

He dicho muchas veces que siempre podemos hacer una mejor labor y que siempre tenemos que buscar maneras de mejorar cómo ponemos en práctica nuestros operativos de control.

Por ejemplo, este verano ICE anunció algunas mejoras clave a Comunidades Seguras porque prestamos atención a las inquietudes expresadas sobre el programa. Nuestro trabajo es escuchar y hacer ajustes que se adhieran a la mejor discreción respecto a la manera de actuar de las agencias de la ley. Por eso Comunidades Seguras ahora tiene un nuevo programa de entrenamiento para agentes estatales y locales, y se han dado pasos adicionales para proteger a testigos, víctimas de violencia doméstica y víctimas de otros crímenes violentos.

Estas mejoras eran necesarias, y es posible que se requieran otras, pero la deportación de ilegales que se encuentran en cárceles de nuestro país y han sido condenados por crímenes no relacionados con inmigración seguirá siendo una importante prioridad.

Y lo que el Presidente y yo hemos dicho es que no se hará excepciones con una amplia categoría de personas, pero sí vamos a usar nuestras facultades discrecionales en cada caso en que consideremos que hacerlo es lo apropiado y responsable, y cuando realce nuestra capacidad de cumplir con nuestras prioridades.

Déjenme ponerlo de esta manera: Es lógico tratar de establecer prioridades para el uso de nuestros recursos limitados y deportar a un ciudadano mexicano que está acusado de homicidio en su país antes que a un ciudadano mexicano que es el único proveedor para su cónyuge estadounidense; Es lógico deportar a un costarricense sentenciado por abuso sexual de un menor antes de gastar nuestro tiempo y dinero para enviar a una madre a Jamaica, donde vive su esposo abusivo y violento, y separarla de sus hijos nacidos en Estados Unidos;

Finalmente, es lógico priorizar el uso de recursos para deportar a un chino sentenciado por asalto con agravantes y delitos con armas antes de deportar a un estudiante del décimo grado que vino a este país cuando era niño;

Estos son ejemplos reales del uso de facultades discrecionales. No constituyen amnistía, sino que reflejan el uso juicioso e inteligente de los recursos, sentido común y priorización.

Así que a fin de apoyar nuestras prioridades, DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) anunciaron recientemente un nuevo proceso para implementar en mayor medida el uso apropiado de facultades discrecionales procesales. Juntos, DHS y DOJ revisarán los casos existentes para asegurarse de que se ajusten a nuestras prioridades de verificación de la ley.

La formulación de este proceso ha tomado un tiempo, pero cuando se implemente, nos permitirá cumplir mejor con nuestra misión de proteger la seguridad pública y fronteriza.

También establecerá una cohesión sin precedente de agencias federales para enfocar los recursos de los contribuyentes en nuestras prioridades de verificación.

Permítanme ponerlo más directamente.

No es posible que, por un lado, estemos a punto de deportar por tercer año consecutivo un número récord de criminales del país, el más alto número de tales deportaciones en la historia de Estados Unidos y al mismo tiempo, no estemos cumpliendo con nuestra responsabilidad de verificar el cumplimiento de la ley.

Asimismo, hacer uso de nuestras facultades discrecionales con mayor velocidad y mejor priorización que nunca antes, proteger a las víctimas de violencia doméstica y realizar investigaciones en centros laborales en lugar de redadas no es un cambio superficial. Es un cambio real, con resultados reales.

Darles a nuestros oficiales y abogados de inmigración la posibilidad de usar sus facultades discrecionales no es amnistía. Es un sistema de priorización que empieza con encontrar y deportar a personas que han cometido crímenes y son reincidentes.

Al mismo tiempo, nuestros oficiales tienen la responsabilidad legal de deportar a los ilegales de este país. Lo harán de acuerdo a nuestras prioridades. Pero harán su trabajo.

Me enorgullece trabajar con hombres y mujeres del DHS que cumplen con su labor todos los días y me rehúso a verlos arrastrados dentro de la retórica del combate político diario.

Protegen a nuestro país, al igual que los honorables hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, y los aplaudo por ello.

Y así como estoy resuelta a apoyar a los hombres y mujeres de este departamento, estoy resuelta a creer en la eficacia del curso que hemos adoptado para cumplir con la misión que se nos pide que realicemos.

Realizamos una ceremonia de naturalización hace unas semanas para rendirle homenaje a la firma de la Constitución de Estados Unidos el 17 de septiembre, 1787. Los principios establecidos por los firmantes de la Constitución hace 224 años aseguran que para ser estadounidense no se requiere cierta religión, raza ni lugar de nacimiento.

Los nuevos estadounidenses asumen todos los derechos así como las responsabilidades que garantiza nuestra Constitución.

Y de hecho, tenemos una gran tradición como nación acogedora y seguimos encontrando maneras de mejorar la administración del sistema de inmigración legal y apoyar a quienes están en vías de ser ciudadanos.

Sin embargo, debemos hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y así lo haremos. Hacer cumplir esas leyes de una manera racional no es fácil ni sencillo, y estamos comprometidos a hacerlo bien.

Todos concordamos en que necesitamos leyes justas, coherentes y practicables que alienten el libre flujo de comercio a la vez que se respetan tanto la seguridad como los derechos individuales. Seguiremos trabajando hacia esa meta común.

Pero no lo podemos hacer solos, por lo que estoy haciendo un llamado a los voceros comunitarios de todos los ángulos de este tema para que trabajen con nosotros y el Congreso en estos asuntos, en vez de atacar el sistema o la gente que allí labora de manera general.

Mientras tanto, no nos debe sorprender que continuemos batiendo récords históricos en deportaciones o en número de criminales y trasgresores reincidentes de las leyes de inmigración entre ellos.

Y se debe esperar que el DHS se enfoque en la manera en que usa la discreción.

Se requiere una reforma, y los límites de lo que hacemos, tanto desde el punto de vista de verificación del cumplimiento de la ley y la discreción, los determinan el grupo incongruente de leyes que actualmente existen. Necesitamos soluciones legislativas para resolver esos retos.

Y continuaremos siendo inteligentes y eficaces en la manera en que velamos por el cumplimiento de la ley en este país, y a la vez le pedimos al Congreso que las enmiende y mejore en la medida necesaria.

Ese es nuestro compromiso con el pueblo estadounidense, con los hombres y mujeres del DHS que protegen la seguridad de nuestras fronteras y nuestro país, y con nuestro patrimonio como nación de inmigrantes y estado de derecho.

Gracias.

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Last Published Date: June 29, 2012
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