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La Administración Biden-Harris está comprometida con la reunificación segura de las familias que fueron separadas injustamente en la frontera de Estados Unidos y México entre enero de 2017 y enero de 2021. En febrero de 2021, el presidente Biden creó el Grupo de Trabajo para la Reunificación Familiar, para ayudar a identificar y reunir a las familias separadas por la política de “Cero Tolerancia” de la administración anterior en la frontera entre Estados Unidos y México entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021. El Grupo de Trabajo incluye un enfoque de todo el gobierno para garantizar que las familias sean localizadas y reunidas. El Grupo de Trabajo busca y reúne activamente a los padres que todavía están separados de sus hijos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) le recuerdan al público que lugares que ofrecen respuesta a y alivio en emergencias son considerados áreas protegidas.
Como hemos dicho reiteradamente, el Título 42 no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública empleada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como medida de protección contra la propagación de enfermedades transmisibles, en este caso, el COVID-19. Daremos cumplimiento a la orden de la corte de continuar haciendo cumplir de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mientras permanezca vigente. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará ejecutando su plan integral que suma a todo el gobierno para gestionar los incrementos potenciales en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera. Como parte de este esfuerzo, el DHS ha establecido un Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste para ejecutar esos planes. El DHS también aumentará el personal y los recursos según sea necesario, y ya ha redistribuido más de 600 agentes de la ley adicionales a la frontera.
El Secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas emitió la siguiente declaración en respuesta a la determinación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de que, a partir del 23 de mayo de 2022, rescindirá la orden de salud pública Título 42.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Educación de EE. UU. publicaron un kit de herramientas que describen los recursos federales disponibles para ayudar a Puerto Rico a recuperarse y reconstruir escuelas seguras, saludables y modernizadas. Los Departamentos de Energía y del Trabajo de EE. UU., así como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., colaboraron en el desarrollo de este kit de herramientas.
A partir del 22 de enero de 2022, el DHS requerirá que todo viajero que no sea ciudadano de E.U. esté completamente vacunado contra el COVID-19 al entrar a los Estados Unidos por los puertos de ingreso terrestre y terminales de ferry en las fronteras entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y Canadá, y que presenten prueba de la mencionada vacuna, ya que los casos de COVID-19 siguen aumentando en todo el país. Estas nuevas restricciones se aplicarán a los individuos que no sean ciudadanos de E.U. que estén viajando tanto por razones esenciales como no-esenciales. No se aplican a los ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes, y a los nacionales de Estados Unidos.
Tras la decisión independiente del Gobierno de México de recibir a individuos conforme al programa MPP, los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia trabajarán los detalles operativos finales y comenzarán la reimplementación emitida por la orden de la corte federal en torno a este programa, alrededor del lunes 6 de diciembre.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunciaron la terminación de un acuerdo de 2018 que socavaba los intereses de los menores y que tenía un efecto aterrador en los posibles patrocinadores (generalmente un padre o una persona cercana) interesados en patrocinar a un menor sin acompañante bajo el cuidado de HHS.