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“Me siento satisfecha de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya confirmado que las leyes estatales no pueden dictar las políticas de implementación ni las prioridades del sistema de inmigración del Gobierno federal. DHS permanece enfocado en mejorar la seguridad pública y la integridad de nuestras fronteras, con la prioridad de hacer caer el peso de la ley sobre aquellos que están en el país ilegalmente y cometiendo crímenes, aquellos que han violado las leyes de inmigración repetidamente y aquellos que han cruzado nuestras fronteras ilegalmente. La decisión de la Corte de no dejar sin efecto la Sección II de la Ley SB 1070 de Arizona hará del trabajo de DHS uno más retador. De acuerdo a esto, DHS implementará mejoras operacionales a sus programas en Arizona para asegurar que la agencia pueda permanecer enfocada en esas prioridades. Durante los pasados tres años y medio, esta Administración ha dedicado recursos sin precedentes para asegurar nuestras fronteras y reforzar nuestro sistema de leyes de inmigración de manera firme y razonable. Continuamos urgiendo al Congreso a que apruebe una reforma integral, porque sólo una reforma completa puede resolver el conjunto de retazos de las leyes de inmigración actuales. Finalmente, es importante notar que decisión de la Corte Suprema no tendrá impacto alguno en el memorando I emitido el pasado 15 de junio, acerca de la discreción procesal para miembros productivos de esta sociedad que fueron traídos a los Estados Unidos siendo niños.”